Ante la crisis de la COVID-19. La situación sociolaboral en el Baix Llobregat. Diálogo y pacto
Desde el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat me piden la opinión sobre la situación que estamos viviendo, en nuestra comarca del Baix Llobregat, a raíz de la pandemia producida por la COVID-19, fundamentalmente, en el ámbito sociolaboral. Me resulta difícil, entre otras razones, porque aún estamos en la fase 0 del proceso de vuelta a lo que se ha venido llamando “nueva normalidad”. Nadie sabe muy bien qué quiere decir eso, pero intentaremos hacer una aproximación con los datos disponibles a fecha de hoy.
Lo primero que se constata es la extrema gravedad de la situación. Esta nos ha abocado, en primer lugar, a una crisis sanitaria en la que más de 6.000 personas del Baix Llobregat han confirmado estar infectadas por el virus, y con unos servicios sanitarios colapsados que han puesto en evidencia lo que algunos ya llevamos tiempo reclamando: la recuperación de los recursos anteriores a los recortes producidos por la anterior crisis de 2008 en la sanidad pública. En Catalunya, tales recortes supusieron una reducción importante de las plantillas, sobre todo en el ICS, un empeoramiento de las condiciones laborales y una reducción de recursos materiales, por no hablar de las pésimas condiciones de los centros de investigación que dependen de universidades y sanidad.
Y esta crisis sanitaria y social pone también al descubierto otra, la del incremento de la pobreza y la precariedad laboral, secuelas ambas de la anterior crisis y del modelo de salida de la misma por las que optó el anterior gobierno del PP con su ya controvertida Reforma Laboral de 2012. A pesar de una cierta recuperación del empleo, nos ha dejado un incremento de la temporalidad en la contratación, lo cual ha llevado a que el número de trabajadores pobres se haya visto incrementado. No es algo que digamos solo desde el sindicato, sino que instituciones tan poco sospechosas como Cáritas, Oxfam Intermón o la Cruz Roja, que trabajan sobre el terreno con los sectores más vulnerables, nos lo confirman en sus informes anuales.
A esta última crisis no es ajena la crisis laboral mencionada anteriormente, y sin extenderme demasiado, sí que me gustaría destacar el empobrecimiento de una de las principales herramientas de que disponemos empresarios/as y trabajadores/as, la negociación colectiva. También se ha incrementado la flexibilidad laboral, tanto para entrar y salir del mercado de trabajo como para establecer de manera más unilateral las condiciones de trabajo por parte de empresarios. Todo ello con una reducción de la inversión en algo tan esencial como es la formación para la ocupación.
Y por último, para cerrar el capítulo de las crisis, no podemos olvidar la crisis medioambiental, que parece haberse olvidado por estos meses de confinamiento o de otras necesidades más perentorias. Pero si algo nos ha dejado en evidencia la COVID-19 y los confinamientos que se han producido y la consiguiente paralización de nuestras principales actividades económicas, es que nuestro planeta está enfermo y que medidas de reducción de emisiones en todos los órdenes es una necesidad, o, más que una necesidad, una obligación del conjunto de la sociedad. Ya nos lo decía uno de nuestros científicos del CSIC, la mejor vacuna contra la COVID-19 nos la estamos cargando, pues no es otra que la naturaleza y nuestra biodiversidad, que hemos venido alterando de manera impune.
Pero una vez situado, a mi entender, de dónde venimos, se hace preciso traer a colación algunos datos de nuestra comarca del Baix Llobregat, en cuanto al mercado de trabajo y lo que representa en referencia al conjunto de la población de la comarca (825.963 habitantes), que constituye casi un 11 % del conjunto de la población de Catalunya. Además también hay que tener en cuenta que un 10 % de dicha población es extranjera, y que este suele ser uno de los colectivos más vulnerables. Los datos estadísticos deben servir para sugerir algunas ideas de por dónde deberíamos caminar el conjunto de los actores para buscar las mejores soluciones para nuestra comarca y para el conjunto del país.
A finales de 2019, había 358.757 personas afiliadas al régimen general de la Seguridad Social (RG) y unas 50.000 al régimen de autónomos (RA), siendo el principal sector de ocupación el de servicios (unas 200.000 en el RG y unas 39.000 en el RA), seguido del sector de la industria (50.000 al RG y 3.000 RA) y el de la construcción en tercera posición (16.500 al RG y 6.800 al RA). También me parece que debemos destacar que la mayoría de personas trabajadoras que están dadas de alta lo hacen en empresas de menos de 50 trabajadores. Aunque el número de personas dadas de alta al régimen agrario es poco significativo, sí me parece importante hacer constar que son unas 3.000 hectáreas de cultivo las que dispone nuestra comarca y el papel que ha jugado en la actual crisis de garantizar suministros tan vitales como el de los alimentos.
En este contexto, desde el 14 de marzo se decretó el estado de alarma y el confinamiento del conjunto de la población, excepto para determinados servicios esenciales, que todos ustedes ya conocen. Nuestra economía y actividad productiva sufrió, y aún perdura, aunque en menor medida, un parón sin precedentes, siendo uno de los principales instrumentos habilitados los Expedientes de Suspensión de Contratos (ERTE), que están regulados en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores y en el RD 1483/2012, de 20 de octubre, y que, posteriormente, fueron complementados con el Real decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. En el Baix Llobregat, el número de expedientes ha sido de más de 8.887 y más de 94.000 personas trabajadoras afectadas, es decir, un porcentaje sobre el empleo que se acerca al 25 %, y aunque esta es una pérdida temporal, el que no se convierta en definitiva dependerá de diversos factores que luego comentaré. La comarca representa el 13,5 % del conjunto de personas trabajadoras afectadas de toda Catalunya. Con solo ver estas cifras podemos entender la gravedad y lo extraordinaria que es esta crisis producida por la COVID-19.
Ojeando los datos de desempleo, observamos que en la comarca, a finales de 2019, habían unas 38.000 personas en desempleo de las cuales 16.000 eran hombres y 22.000 eran mujeres. Volviendo a mirar las cifras en abril de 2020, estas se han visto incrementadas hasta alcanzar las 47.733 , personas en desempleo, de los cuales 21.450 son hombres y 26.283 son mujeres. El incremento respecto a un año antes ha sido del 23 %. También podemos apreciar que las mujeres siguen siendo un colectivo más golpeado por la crisis y que es una situación que, a la hora de las propuestas, se deberá tener en cuenta.
A partir de esta pequeña y parcial radiografía se deben, a mi entender, articular las respuestas y las salidas a esta situación de crisis que, además, arrastra otras situaciones críticas de periodos anteriores. No soy ningún experto en materias económicas, sí soy algo más conocedor de los asuntos sociolaborales por mis años de sindicalista y de abogado laboralista en CCOO. Es evidente que estamos ante una crisis que es global y de cuyas salidas la Unión Europea tiene mucho que hacer y decir, para que la financiación llegue a las partes. En mi opinión, los actores comarcales deben actuar en algunas direcciones que me parecen vitales, en consonancia con ámbitos superiores (Europa, Estado español, Generalitat de Catalunya…), pero sobre todo en aquellas en las que sí tenemos capacidad propia, y la primera es la de negociar los agentes sociales, administraciones locales y comarcales aquellas medidas que están dentro de nuestras capacidades y competencias y que centren sus objetivos, en primer lugar, en atender la crisi sanitaria y preservar la salud de las personas, con especial atención a las más vulnerables. Debe garantizarse que la prestación de servicios y trabajo se desarrolle con total seguridad y respeto de las normas de prevención de riesgos laborales, fortalecerse las empresas del Baix Llobregat con aquellas medidas que nos permitan preservar el empleo, siendo la negociación colectiva uno de los principales instrumentos para vehicular aquellas situaciones difíciles. Vemos que el sector servicios es de los que más empleo ocupa en nuestro territorio, no podemos seguir con trabajos poco valorados en cuanto a condiciones salariales y de trabajo. Nadie debería estar por debajo de un salario de 14.000 € al año, y se debe prestar especial atención a los diferentes colectivos que en estas situaciones son más vulnerables, como es el caso de mujeres, migrantes, jóvenes o los mayores de 50 años que se encuentran con dificultades para el empleo. También, a mi entender, hay otros temas que se deben aprovechar y que pueden representar nuevos empleos y que no siempre están suficientemente acompañados por las administraciones y el tejido empresarial. Me refiero a la economía social y la relacionada con una producción verde de productos o servicios que, a su vez, sean responsables no sólo ecológicamente sino que además aporten trabajo con valor añadido, digno y que, en definitiva, sean el antagonismo a la apertura de una mayor brecha laboral y social.
Para finalizar mi comentario, destacar que otro de los elementos que esta situación nos ha puesto de relieve son algunas evidencias que se han acelerado, como el teletrabajo, que precisa de una regulación más acorde a la situación actual, la necesidad de la digitalización y una formación profesional muy vinculada a las empresas, ya sea la inicial o la ocupacional. Hay que poner de relieve las buenas prácticas, huir de la mezquindad de aquellos que pretenden recoger beneficios rápidos de cualquier situación. La historia de nuestra comarca es que, a pesar de las tensiones sociolaborales -y ahora tenemos una muy grave como es la de NISSAN y el sector de la automoción- siempre hemos acabado primando la “negociación y el pacto” para que todos salgamos adelante. Si no ponemos por delante las personas, su salud, su formación, la justicia social, difícilmente tendremos un sector productivo competitivo y rentable económicamente y sobre todo socialmente. Soy optimista y estoy convencido de que empresarios, sindicatos y administraciones locales estarán a la altura. Mis mejores deseos y salud ante todo.
Jesús Martínez Ortiz
Exabogado laboralista CCOO y miembro del área de cultura y memoria de CCOO del Baix Llobregat
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